Ante todo, ésta es una huelga que aúna a "izquierda" y "derecha" en los ámbitos judicial y de la fiscalía. Las asociaciones profesionales conservadoras (como la APM) y las progresistas (como JPD) apoyan de forma unánime esta huelga. Los voceros del Gobierno han intentado desacreditarles aduciendo que su principal reivindicación es trabajar menos y cobrar más. Pero es absolutamente falso. La mayoría de las reivindicaciones de jueces y fiscales no cuestan dinero, pero perjudican mucho a los intereses del Gobierno. Veamos cuáles son:
-Independencia de la fiscalía respecto del Gobierno. La Fiscalía es como el ejército: las órdenes dadas por el fiscal superior a sus subordinados son de obligado cumplimiento, pudiendo imponerse sanciones disciplinarias al fiscal que las desobedezca. Y a la cabeza de todos los fiscales se encuentra el Fiscal General del Estado, con poder para dar órdenes a cualquier fiscal e influencia decisiva en el nombramiento de los fiscales jefes de cada territorio. Este mando supremo de todos los fiscales es nombrado A DEDO por el Presidente del Gobierno. Así se explica la actuación de la fiscalía en el caso Noos o en la posible imputación de M. Rajoy.
Las dos asociaciones de fiscales (tanto la progresista como la conservadora) piden que sea el Consejo Fiscal (órgano cuyos integrantes son mayoritariamente nombrados mediante elecciones internas en las que participan todos los fiscales en activo) quien nombre al Fiscal General del Estado. Así dejará de ser un títere del Gobierno y servirá al interés general como es su deber.
Estas asociaciones de fiscales también piden la eliminación del plazo máximo de instrucción que impuso el PP en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de beneficiar a sus corruptos. Básicamente, se ha reducido de forma drástica el plazo que tienen los jueces instructores para investigar un caso de corrupción y dictar Auto de procesamiento contra sus responsables. En un contexto donde la Justicia está saturada, y teniendo en cuenta la enorme dificultad que tienen los casos de corrupción (por los complejos entramados que los caracterizan), los plazos máximos impuestos por el PP dificultan notablemente una investigación medianamente decente de sus corruptelas.
-Independencia del Poder Judicial. Aquí las reivindicaciones son dos. Primeramente, que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (máximo órgano de gobierno de los jueces) sean elegidos por los propios jueces y no por el poder político, como sucede hoy (actualmente los 20 miembros del Consejo son elegidos por Congreso de los Diputados y Senado). Cabe destacar que, hasta la llegada al poder de Felipe González, esto era así (8 eran elegidos por los políticos y los 12 restantes por los jueces) pero Alfonso Guerra dijo aquello de "Montesquieu ha muerto" y el Consejo se politizó completamente. El PP, encantado con la idea, la mantuvo durante sus sucesivos gobiernos.
Cabe destacar que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano que decide sobre la promoción interna de los jueces (quiénes van al Tribunal Supremo por ejemplo), así como su régimen disciplinario, los traslados de los jueces a unos u otros juzgados, etc. Por ello su politización es letal para la Justicia. Igualmente, los jueces piden que se establezca un baremo riguroso y objetivo para valorar los méritos de los candidatos a ocupar las altas magistraturas (como el Tribunal Supremo). Y es que el baremo vigente a día de hoy es tremendamente subjetivo y, si a ello le unimos que quienes deciden son los miembros del Consejo, las garantías de que los más capaces (en lugar de los más convenientes para el Gobierno) lleguen al Tribunal Supremo y otras altas magistraturas son muy limitadas.
Como veis, estas medidas no cuestan un duro, pero el Gobierno se niega a implementarlas y fuerza la huelga. Y ello a pesar de que el Consejo de Europa lleva años pidiéndole que lo haga (ved el informe GRECO que anualmente elaboran el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción a tal efecto).
Y luego están las reivindicaciones económicas, que son más que razonables. Los juzgados españoles están saturados, tenemos una proporción de jueces por habitantes de las más bajas de Europa (la mitad que la media europea www.abogacia.es/2016/10/07/espana-tiene-la-mitad-de-jueces-y-fiscales- ). Y ello provoca que un juicio por incapacidad laboral (del que depende que un señor sin recursos pueda cobrar una pensión) tarde más de 1 año en celebrarse en Murcia, más otro año y pico si la Seguridad Social recurre al TSJ. Esta situación conviene mucho al Gobierno, primero porque los juzgados de instrucción, si carecen de recursos, no podrán investigar en condiciones sus casos de corrupción. Igualmente, la demora en los órdenes contencioso administrativo y laboral permite que la Administración goce de amplísimos lapsos de tiempo hasta que se le condena a cumplir sus obligaciones. Y desespera a mucha gente que, ante la perspectiva de tirarse casi un lustro pleiteando, no demanda.
Con la huelga se pretende lograr una financiación que palíe esta situación insostenible, con la creación de nuevos Juzgados y la mejora de sus infraestructuras (no hay peor calvario que trabajar con un ordenador paleolítico gestionando lexnet, que también se cuelga reiteradamente...y esto deben sufrirlo los funcionarios de Justicia día tras día, tirándose media hora para enviar una simple notificación).
En suma, tenemos una Administración de Justicia que se pudre, por su falta de independencia y por su ausencia de financiación. Ello es muy bueno para el modelo de monarquía bananera que le gusta al PP, pero nefasto para el interés general. Esperemos que la huelga sirva para generar un punto de inflexión a partir del cual las cosas cambien.
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