Todos los doctores y parte del servicio de Ginecología son objetores de conciencia. Desde la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica de Despenalización del Aborto en Determinados Supuestos, la vigente en la actualidad, casi ningún centro público gallego ha llevado a cabo interrupciones voluntarias del embarazo, ya que la mayoría de los médicos han preferido acogerse a la objeción de conciencia para no practicarlos. La sanidad concertada se encarga aproximadamente del 90% de los abortos que se practican en toda Galiza.
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