El Gobierno español se comprometerá por ley a promover y apoyar las iniciativas "que tengan por objetivo la restricción y, en su caso, la prohibición de las bombas de racimo, especialmente peligrosas para las poblaciones civiles". Así figura en una enmienda transaccional, a la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que el PSOE ha ofrecido a los demás grupos. La paradoja estriba en que, según Greenpeace, empresas españolas fabrican bombas de racimo y, de momento, no hay intención de que dejen de hacerlo
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