El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 243 millones de euros a la Junta de Andalucía por errores cometidos en los cálculos de la financiación sanitaria en los años 2003 y 2004. La Justicia ha dado la razón a la Consejería de Economía que impugnó la asignación del gobierno central que era muy inferior a la que corresponde por ley a la comunidad.
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