La necesidad de informes preceptivos de Hacienda para conceder ayudas a la I+D agravan las dificultades económicas de científicos e instituciones. Primero fueron los becarios, que recibieron con cuatro meses de retraso las ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI) que el Gobierno ofrece a quienes van a realizar un doctorado. Después, los proyectos de investigación fundamental, la financiación que nutre a la clase media de la ciencia española, que también se resolvieron con retraso. Y ahora las demoras han alcanzado a la élite.
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