El Gobierno ha vuelto a dar muestras de su extraordinaria diligencia en el borrado de archivos cuando se le pregunta por Luis Bárcenas. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo no niega que el extesorero del PP, estando imputado en delito fiscal, fuese asesorado en la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF) sobre cómo acogerse a la amnitía fiscal de 2012, y se limita a decir que la ley les impone destruir el nombre de los visitantes a sus edificios oficiales.
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