La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, plantó cara al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por los supuestos "excesos" cometidos en su investigación a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presunta apropiación indebida, y le advirtió de que algunas de las pruebas periciales que había encargado podrían incluso "invalidar" una parte del sumario.
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