"El Gobierno ha hecho los deberes" para frenar las descargas de contenidos protegidos en Internet. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicaba de esta manera ayer, en el Senado, la "disposición final" que se escondía en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, y que contempla el cierre de páginas que vulneren la propiedad intelectual. Pero el hecho de que sea el Ministerio de Cultura, y no un juez, quien pueda cerrar una página web, provocó ayer una intensa protesta en la Red española.
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