La documentación remitida por el Tribunal de Cuentas al juez Ruz contiene la contabilidad oficial fiscalizada del Partido Popular desde 1990 hasta 2011. Estos documentos corroboran que la sede nacional del Partido Popular comenzó a contratar con la Gürtel en 1993. La primera factura fue girada por la empresa FCS (siglas de Francisco Correa Sánchez) y ascendió a 25.191 pesetas.
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