El 'Informe Auken' denuncia las "ilegalidades cometidas" y reclama una moratoria urbanística, la congelación de fondos de cohesión europeos que financian proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa estatal y europea. El documento ya fue aprobado el pasado mes de febrero por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Según Greenpeace, los eurodiputados del Partido Popular y del Partido Socialista "se han aliado" para que el informe no salga adelante en el pleno
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