Las cuatro instituciones sobre las que se sustenta la Universiada de invierno 2015, Junta de Andalucía, Diputación provincial, Universidad y Ayuntamiento de Granada, se podrían enfrentar a una multa de 4,5 millones de euros si deciden echarse para atrás y renunciar a la organización del evento deportivo, previsto para dentro de dos años. A esta sanción, Granada -siempre y cuando la ciudad decidiera dar un paso atrás y no albergar la competición- perdería los tres millones de euros que ha pagado de canon a la FISU para ser sede.
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