El respeto a la dignidad de las partes, a los derechos individuales y colectivos y el equilibrio en el reparto del poder de negociación deberían marcar las líneas básicas de actuación de los agentes económicos y las autoridades públicas. Este punto de partida, al que habría que unir la eficiencia económica y social, podría haberse roto en algunos puntos esenciales con la aprobación del RD 3/2012, de 11 de febrero, que desarrolla la mal llamada reforma, pues es más una revolución laboral.
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