El fútbol es un bien publico, mientras tanto la sanidad y la educación están pasando a ser bienes privados. Amparados en ese supuesto bien social que se le supone al fútbol, los gestores de equipos y federaciones han creído que estaban por encima de la ley, han considerado que ellos no están obligados a pagar impuestos o que podían buscar fórmulas para evadirlos, se han beneficiado de ayudas públicas, han aprovechado sus cargos para hacer negocios particulares, han utilizado esos clubes como plataforma de blanqueo de dinero.
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