El caso comienza allá en octubre de 2007, cuando la Guardia Civil denunció en la Agencia lo ocurrido en el centro de control de videocámaras de vigilancia después de que una empleada se diera cuenta del «uso indebido» de las cámaras que hacía uno de sus compañeros: quedó probado desde el principio del proceso que el vigilante en cuestión utilizó las cámaras del aeropuerto para observar a las mujeres, compañeras o usuarias del recinto.
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