Para justificar su negativa, el organismo alega que carece de «técnicos cualificados» en la materia. De ahí que deriven la responsabilidad en los conservacionistas, sin recursos suficientes para asumir los costes. Nada más conocer la decisión, Lur Maitea ha cargado con dureza contra el Ejecutivo autónomo. «Está negando a toda la población envenenada la posibilidad de conocer el grado de intoxicación que sufren y las secuelas»
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