Una ley y una oficina de atención específicas, además de una ponencia parlamentaria, es lo que ayer propuso el Gobierno vasco ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara autonómica para los 109 muertos y 538 heridos en que cifró las víctimas de acciones policiales, parapoliciales o de grupos de extrema derecha en Euskadi.
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