El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) se da de plazo hasta el verano para acabar con la bolsa de fraude en el cobro de ayudas sociales. Desde hacía tiempo se barruntaba que un buen número de perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) se embolsan cada mes entre 650 y 923 euros sin cumplir con los requisitos legales para ello, aprovechándose así de uno de los sistemas de protección social más generosos del Estado que supone un sustento vital para miles de familias realmente necesitadas.
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