El Gobierno suizo pretende endurecer aún más su política de integración social, negando cualquier tipo de petición de asilo para los desertores y objetores de conciencia, que ya no podrán obtener el estatuto de refugiado, algo que afectará especialmente a 2.500 eritreos presentes en el país. Es la primera medida oficial anunciada tras las elecciones parlamentarias de la semana pasada en las que ganó la derecha después de una campaña electoral calificada de "xenófoba" por la oposición y por grupos pro Derechos Humanos.
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