El plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Consejo de Ministros contempla la exclusión del sistema de módulos a los empresarios que facturen menos del 50% a particulares y tengan un volumen de negocio de más de 50.000 euros al año. Este sistema de recaudación se basa en unos baremos para calcular lo que debe tributar una empresa o un autónomo sin emitir facturas de IVA, siendo uno de los principales 'agujeros' de la economía sumergida.
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