La persecución judicial en España de los crímenes del franquismo seguirá, de momento, siendo una quimera, de acuerdo a los planes del Gobierno. Por un lado, el Ejecutivo se resiste, amparándose en dudas jurídicas, a firmar la Convención de la ONU que declara que los crímenes de guerra no prescriben, y por otro, destaca que la Ley de Amnistía de 1977 sólo es derogable por el Parlamento y no por ningún juez o tribunal.
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