El Gobierno ha puesto fácil a los grandes defraudadores no pisar la cárcel. Un cambio en el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal, aprobado en diciembre y en vigor desde mediados de enero, reduce notablemente las penas de prisión a cambio del pago de la cantidad adeudada y una multa que en ningún caso superará la cuantía de la deuda. El pago puede realizarse en un plazo hasta dos meses tras la imputación del defraudador con un amplio margen desde el descubrimiento del delito.
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