Según ABC, El Gobierno ha tomado dos decisiones que la Iglesia interpreta como una ofensiva legal laicista. Por un lado, la Fiscalía General del Estado va a investigar el convenio firmado entre el Gobierno de Madrid y el Arzobispado, por el cual los sacerdotes de los hospitales «formarán parte del Comité de ética y el equipo interdisciplinar de cuidados paliativos». Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que permite objetar contra Educación para la Ciudadanía.
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