La decisión política de cerrar la central nuclear Santa María de Garoña en el año 2013 esconde una elevada factura económica que el Gobierno no ha querido sacar a relucir. De un lado, a la clausura de la planta burgalesa seguirá el complicado proceso de desmantelamiento de sus instalaciones. De otro, el cese de explotación al menos seis años antes de lo previsto tendrá un impacto negativo en los ingresos de sus compañías propietarias, Endesa e Iberdrola. En suma, más de 450 millones de euros. La decisión de cierre será recurrida en tribunales.
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