El texto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón quema en las manos del Gobierno y en las del Partido Popular. Ni el presidente del Ejecutivo, ni la vicepresidenta ni ningún ministro, al margen de su autor, se muestra dispuesto a defenderlo en sus términos actuales. El objetivo es retrasar su tramitación parlamentaria como mínimo hasta después de las elecciones europeas, convocadas para el próximo 25 de mayo.
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