El Gobierno estudia privatizar las políticas activas de empleo para que las ETTs aumenten su papel en la intermediación laboral. El Ejecutivo argumenta que el Servicio Público de Empleo sólo intermedia en el 1,6% de los trabajadores que encuentran empleo. La UE ha pedido 2.500 millones en políticas laborales. Las políticas activas conservan una dotación de 4.000 millones a día de hoy.
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