Tres años después de declarar como testigo ante la policía y detallar sus observaciones sobre una de las tramas de corrupción del Gobierno balear de Jaume Matas, del PP, (2003-2007), una alta funcionaria fue represaliada por el nuevo Ejecutivo de José Ramón Bauzá (PP). La mujer fue degradada a un cargo inferior. “¿Fue una represalia?”, preguntó ayer el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, en el juicio del caso Scala. La mujer lo afirmó “como convicción personal” pero reconoció que nadie concretó las razones.
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