El Ministerio de Fomento adjudicó contratos de obra pública por 30.000 millones de euros entre 2008 y 2015. Por ejemplo, para construir carreteras, puertos, líneas de AVE, estaciones de tren y otras grandes infraestructuras a través de Adif, Aena o Puertos del Estado. La diferencia entre el precio que se adjudica a la constructora y el coste final de esos proyectos es una información que el Ejecutivo guarda en secreto a pesar de una resolución del Consejo de Transparencia -organismo independiente- que le obliga a publicarla.
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