El PP descarta introducir a fondo la tijera en los 2.500 millones de euros mensuales que el Estado destina al pago del desempleo, pero sí planteará a los sindicatos la necesidad de combatir el fraude en el cobro de los subsidios y de incentivar la búsqueda de trabajo por parte de los más de cinco millones de parados. El Gobierno se plantea también reformar algunos de los requisitos que rigen para la capitalización del desempleo, parcialmente retocados en la última ley de Presupuestos.
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