El Gobierno garantiza a las entidades que gestionan los derechos de los creadores, en concepto de pago por el canon, unos ingresos anuales de 75 millones de euros. En el caso de que las ventas de aparatos y soportes electrónicos no permitieran esos ingresos, el Gobierno se comprometería a buscar un sistema de compensación, un sistema que podría suponer la subida de las tarifas que gravan la venta de esos equipos.
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