"No vamos a hacer ninguna trasposición de la directiva" de los sin papeles aprobada por el Parlamento Europeo. Así de rotunda se mostró ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada por la polémica norma que establece un plazo de internamiento de los irregulares de hasta 18 meses, les otorga escasas garantías judiciales y permite repatriar a menores sin familiares en el país de origen. Relacionada:
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