La Plataforma considera que al no proporcionarle copia de los análisis solicitados, la Junta de Extremadura está privando a los ciudadano del derecho que, según Convenio de Aarhus, les asiste para tener acceso a todos los documentos que contengan información medioambiental que estén en posesión de las administraciones públicas y que no estén excluida de forma expresa en la mencionada Ley 27/2006. Es por eso, que la asociación ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Director Gerente del SES.
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