Presionado por la embajada de EEUU el gobierno español dio instrucciones a Conde-Pumpido para que la fiscalía general del Estado se opusiera a perseguir delitos de torturas mediante la aplicación de la jurisdicción internacional. En un cable del 17 de abril de 2009, el embajador de EEUU se adjudica el mérito de lograr con su influencia que Conde-Pumpido califique la querella de "fraudulenta" y "política". En junio de 2009 el Parlamento aprobó la restricción de la "jurisdicción universal" que le habría permitido a Garzón perseguir estos delitos.
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