El gobierno de EEUU se niega a proveer a los exportadores de carne bovina de los test necesarios para analizar si el animal padecía el mal de las vacas locas (madcow disease) argumentando que sólo ellos pueden autorizarlo y que además analizar toda la carne exportada inflaría innecesariamente el precio de los tests y crearía una falsa sensación de fiabilidad en los consumidores, susceptible de picaresca.
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