El Gobierno de Zapatero necesita poner en marcha toda la maquinaria jurídica para culminar su intención de cerrar páginas web de descargas. Y para ello llevará a cabo reformas en varias leyes con el objetivo de equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental. Pese a que la ministra de Cultura había anunciado una solución que “contentaría a todas las partes”, los expertos ya han expresado las primeras críticas y apuntan a que se ha creado una vía privilegiada para defender los intereses particulares.
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