Tras una fuerte movilización, falsas promesas de volver a ser recibidos para consultas, y críticas de varios organismos, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Economía Sostenible, que permitirá a una comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura cerrar páginas web. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo. La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet...
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