Los servicios sexuales no son ilegales en España, pero tampoco están regulados. El anteproyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana introduce como infracción grave el sexo en zonas públicas, "en las proximidades" sin especificar qué considera el legislador como proximidad. Esta voluntad de invisibilizar el trabajo sexual enlaza con la modificación que pretende la reforma del Código Penal y que sirve para "dar cobertura legal a las empresas de proxenetismo", desde los clubes o burdeles hasta los macrocasinos.
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