Cuando se daba prácticamente por cerrada la venta del Real Zaragoza al empresario Mario Conde, dos de los principales acreedores del club, Ibercaja y el Gobierno de Aragón, han mostrado su desacuerdo con la operación, logrando detenerla prácticamente por completo. Conde ya tenía un principio de acuerdo cerrado con Agapito Iglesias. No obstante, los acreedores del club, mediante su vínculo directo con el máximo mandatario, tenían derecho a pronunciarse antes de que se cerrase la operación, y lo han hecho para vetarla.
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