De las 657 facturas del Gobierno de la Comunidad de Madrid analizadas por la Intervención General, por un importe de 5,3 millones de euros, "ha quedado acreditado que al menos 104 contratos" fueron troceados de forma irregular, ascendiendo el importe total a los 3,1 millones de euros, lo que supone el 69% del total de contratos considerados menores.
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