Por un lado, los salarios de los empleados públicos (unos 2,8 millones) seguirán congelados por cuarto año consecutivo y, por otro, las pensiones (poco más de nueve millones) subirán menos que el IPC. En concreto, en torno al 0,25%, aunque nunca menos que esta tasa. Esto significa que en términos reales (descontada la inflación) empleados públicos y pensionistas -casi doce millones de nóminas en total- perderán poder adquisitivo.
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