Para este colectivo, el gravamen especial del 10% que se establece es una tasa "blanda" de las cantidades defraudadas, ya que en el 72% de los casos provienen de grandes fortunas y corporaciones. Asimismo, afirma que "esta teórica regularización fiscal" choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude.
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