El proceso de revisión de los 31.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI), iniciado por el Govern en septiembre, ha derivado en la propuesta de suspensión de más de 2.500 expedientes, del que dependen unas 6.000 personas, por no cumplir con los requisitos establecidos para el cobro de esta ayuda, también conocida como Pirmi, según han avanzado a Europa Press diversas fuentes cercanas al proceso.
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