El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) ha denunciado hoy la grave situación económica en la que se hallan los servicios de inserción laboral de discapacitados, que atienden a unas 2.500 personas y a los que la Generalitat adeuda 7,7 millones de euros. En un comunicado, Cocarmi indica que en los ejercicios 2010 y 2011 recibieron una dotación anual de unos 11 millones de euros, una cifra que se redujo a 4,5 millones el pasado 2012.
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