Los internos penitenciarios que quieran cursar estudios universitarios mientras cumplen condena tendrán que costear ellos mismos el importe de las matrículas y del material pedagógico, después de que la Conselleria de Justícia haya dado por rescindido el acuerdo que mantenía desde 1985 con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según han confirmado fuentes de la Generalitat de Cataluña y de la institución académica. La decisión afectará al 0,6% de la población reclusa, unas 60 personas.
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