Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación. Ese es el principal argumento del recurso presentado el sábado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha presentado contra él. El magistrado califica de "burda represalia" la querella.
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