El juez Baltasar Garzón prorrogó el pasado diciembre el secreto de sumario del «caso Pretoria» –la presunta trama de corrupción en varios ayuntamientos barceloneses– sin «cobertura legal» y «en detrimento de los implicados». Así de rotundo es el auto de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que obliga al juez a dejar sin efecto esa medida que se adoptó, en su opinión, sin un «fundamento eficaz».
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