Después de nueve meses de investigación secreta sobre la presunta financiación irregular de Podemos a cargo de Manuel García Castellón, el juez se niega a entregar las pesquisas sobre los investigados –a los que ni siquiera llegó a otorgar esa condición–, pese a que se vió obligado a cerrarla por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el mes pasado.
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