Gallardón ha anunciado que los partidos políticos y los sindicatos dejarán de estar exentos de responsabilidades penales y tendrán las mismas que el resto de personas jurídicas. El ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición: el auto de apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad".
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