La combinación de las políticas laborales y económicas del Gobierno español lleva camino de cronificar una brecha mensual de entre dos y tres puntos entre la revalorización de las pensiones y la inflación, lo que equivale a condenar a los jubilados, tanto a los nuevos como a los que ya lo son, a perder cada año entre 300 y 450 euros de poder adquisitivo. Y sin un horizonte previsto para revertir ese proceso. Cobrarán más, pero el dinero les alcanzará para menos y serán, en la práctica, más pobres cada año.
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