El estudio, elaborado durante 2011 por los abogados Leticia Armendáriz y Jordi Palou-Loverdos, junto con dos investigadores iraquíes K.D. y E.A., que prefieren mantener el anonimato, contabiliza que 105 de estas empresas han estado trabajando en el país, 89 extranjeras --la mayoría de Estados Unidos, aunque también de Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Sudáfrica y Kuwait, entre otros-- y 16 iraquíes, además de otras 11 dedicadas a la extracción de materias primas que tienen vínculos con la seguridad.
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