Los ejecutivos de cajas que han recibido ayudas públicas están impedidos para cobrar bonus, parte del salario supeditada a la consecución de objetivos. A no ser que puedan justificarlo, según una directiva comunitaria de 2010 a la que se remite el FROB. La ley dice que la prioridad para estas entidades es reforzar capital y recuperar la asistencia de los contribuyentes.
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